La nacionalización de YPF, filial de Repsol, por el gobierno de Argentina
El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández de
Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado la
nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL. En este
post recopilamos la información más relevante que hemos publicado estos días
sobre esta cuestión.
En primer lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la
propia medida, pues de momento las informaciones son imprecisas. Se habla tanto
de “expropiación” como de “nacionalización” y de “compra”, sin precisar
mucho más. Las definiciones son importantes y deben acompañar a los conceptos,
pero hasta el momento la información disponible nos indica que se trata,
efectivamente, de una nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio
asignado hasta el momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una
decisión voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión
unilateral que, no obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir.
En segundo lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien
por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al
57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de
control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El
resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital
flotante (propiedad de capital argentino y extranjero).
En tercer lugar, la historia es importante. YPF fue fundada en
1922 por el Estado argentino y fue de titularidad pública hasta 1992, cuando
comenzó el proceso de privatización auspiciado por los organismos
internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el marco de
los llamados planes de ajuste. La empresa terminó de privatizarse en 1999
cuando Repsol –otra empresa que fue en otro tiempo pública, en este caso
española- se hizo con la mayoría de las acciones de YPF.
Durante la etapa de la “sustitución de importaciones” -a partir
años treinta- YPF jugó un rol fundamental en la reestructuración de la economía
argentina. La influencia de los autores dependentistas y neomarxistas llevó a
Argentina a una estructura económica que la situó entre los países más
avanzados del mundo en la época de posguerra, atrayendo a gran parte de los
refugiados por la II Guerra
Mundial. Su modelo de exportación de materias primas fue progresivamente
sustituido por uno en el que la industria jugaba un rol crucial, proporcionando
un modelo de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales
estables y un incipiente sistema de protección social.
Tras la dictadura militar y la crisis estructural de los años
setenta y ochenta, el gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de
la privatización, si bien fueron las políticas del Consenso de Washington las
que inspiraron dicho proceso. Junto a esa privatización se dieron reformas
estructurales que llevaron a la privatización de los planes de pensiones,
reformas en el mercado de trabajo que precarizaron las condiciones laborales y
otras reformas que llevaron a la gravísima crisis de 2000. Sólo después de que
Argentina se rebelara contra el FMI y sus planes de ajuste, incluso acometiendo
una quita de la deuda –no pagar parte de la deuda externa-, pudo el país volver
a remontar aquella situación.
En cuarto lugar, Repsol no es técnicamente una empresa española,
y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la
multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de
inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5%
pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del
grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera
española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.
En quinto lugar, Repsol proporciona beneficios a la economía
española que podrían considerarse nimios. Repsol declara en España el 25% de
sus beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por
valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%. Ello
quiere decir que ni siquiera paga el 30% que corresponde como tipo nominal por
tributar en España. Repsol paga otro tipo de impuestos en los países donde
opera, como Argentina o Libia, pero también tiene operaciones en paraísos
fiscales. Y su operativa financiera muy probablemente no se contabilice en
España.
En sexto lugar, el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe
mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para
todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios
contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus
empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores
beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes
empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.
En séptimo lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo
persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas,
además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse
necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta
es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea
recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.
En definitiva, hablamos de un fenómeno económico que debe
analizarse desde un enfoque adecuado. No están enfrentados los intereses de dos
naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses
económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en
menor grado, españoles-. Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida
económica como un ataque a España. Es una compra legal,
que en todo caso podría estar minusvalorada –ya veremos-, y que afecta a los
intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos- que no
comparten beneficios con el resto de la sociedad.
Esta no es la guerra de los trabajadores españoles. En todo caso
queda pendiente ver si la gestión de YPF, a partir de ahora en poder del Estado
argentino, será beneficiosa para los trabajadores argentinos o si, por el
contrario, será YPF un instrumento al servicio de las oligarquías argentinas. No
obstante, no es ese el tema que ahora nos ocupa.
Es una vergüenza que el gobierno español salga en defensa de los
intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario
de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como
Argentina. Más aún cuando mientras eso ocurre el gobierno está efectuando
políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población
española más desfavorecida.
Para el gobierno del PP el grado de atención y ayuda prestada
depende del tamaño del bolsillo. Lo que debería hacer el PP, en vez de proteger
los intereses de los más ricos, es replantearse su política económica y
reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a
Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos.
Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto,
y no de unos pocos adinerados con capacidad para especular en distintos
mercados financieros –entre ellos el de acciones.
Mas del autor en www.agarzon.net
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